Manuel Hernández/TUNDETECLAS.- Desde luego que llamó la atención una de las últimas declaraciones del Gobernador Yunes cuando dio a conocer otra demanda que recae sobre el ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita,  y agregó que todos aquellos que hayan causado un daño patrimonial a los veracruzanos enfrentarán consecuencias legales y  que “no importa quien”; así dijo.

Ese “no importa quien” fue todo un balde de agua fría porque cuaántos empresarios no tuvieron alguna liga con Fidel Herrera Beltrán o Javier Duarte de Ochoa, “el grupo” se podría dividir en 3 partes.

Los que se fueron, simplemente salieron huyendo y viven en el extranjero y en su momento sí se les llega a requerir enfrentarán el problema legal y punto, con los mejores abogados que puedan pagar.

Dos, los que no se fueron y ahí siguen, pero han dejado de invertir y cuando antes eran “estrellitas” ahora poco salen de su casa o no se dejan ver en público, y cuando se acercan, que sí llega a darse, es notoria la incomodidad, tanto de su parte como de los gobernantes.

Y tres, los que ahí siguen como si nada tal vez no tienen la mejor relación con el Ejecutivo, pero pueden caminar tranquilos por las calles sin temor a reclamo, al menos no de escándalo.

En medio de todo lo anterior hay un hecho que figura en sosiego, además de la inseguridad, claro el duartismo el fidelismo y los diversos problemas que el Gobierno debe enfrentar de manera diaria, pero está una piedra que como losa del Pípila,  y que carga el Gobierno del Estado.

Ante el frenesí de la sucesión y cuando todavía era Fiscal Ángel Bravo, el ahora Gobernador se presentó acompañado de Jorge Winckler, actual titular de la Fiscalía, y llevaron cajas y expedientes con papeles que en notoriedad,  hasta les costaba trabajo cargar.

Esas cajas tenían la demanda que lleva por registro 1135/2016 presentada el 3 de abril de ese año, 2016, ahí se documentaron pruebas o elementos de investigación no solo en contra de ex funcionarios sino también contra miembros de la Iniciativa Privada que actuaron en cohecho, en complicidad o hasta en papel de alcahuete.

Tal demanda a partir de que llega el nuevo “dirigente” de la FGE, pasa a su control, es decir el mismo abogado que la elabora ahora es quien deberá proceder en consecuencia, por eso fue que ese “no importa quien”, realmente cimbró.