Arturo Arellano/TUNDETECLAS.- En un lucrativo negocio, y con una posible participación de empleados en dependencias estatales y federales, financieras obtuvieron acceso a datos personales de trabajadores del sistema educativo de Veracruz para asignar créditos a cuenta de nómina; sin existir contratos de por medio.

La denuncia la presenta el abogado Miguel Contreras González, presidente de la Asociacion de Licenciados en Derecho del Estado de Veracruz, representante de 50 de los cien afectados con dicha situación.

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) involucradas son Intermercado y Financiera Maestra; entre otras señaladas de pagar un 5 por ciento del préstamo a la dependencia del cual dependa el empleado.

La acusación estriba en que trabajadores de distintas dependencias del Gobierno Federal y Estatal falsificaron contratos para imponer créditos los citados de nómina, sin una firma de autorización de por medio y con ganancias de hasta 300 por ciento para las Sofomes.

Al presentar queja en conocido café de esta Capital, el abogado afirmó que dicha situación afecta a trabajadores en todo el estado y alegó que de esta forma, las financieras “metieron a la fuerza”.

“Los contratos de los descuentos no fueron firmados por ellos, (…) el dinero lo recibieron pero lo que no firmaron fueron los contratos y de manera indebida les llega el dinero a su cuenta; son más de cien maestros los afectados desde 2016” indicó.

Por lo anterior, solicitaron al Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, al director del Instituto de Pensiones del Estado Hilario Barcelata Chávez, al Secretario de Educación de Veracruz Enriquez Perez y a la delegada del ISSSTE, Elizabeth Morales, su intervención para solucionar dicha irregularidad.

Y es que los maestros se defienden que ellos en ningún momento firmaron los contratos; y los documentos que aportan las financieras son falsos.

“Son más de 50 maestros que piden la asesoría de los abogaods” indicó y no descartó un contubernio con de las dependencias con dicha irregularidad.

Lo anterior, dado que por gastos de representación, el IPE recibe un 5 por ciento del préstamo autorizado y con descuento a las personas.

“Es un negocio redondo porque si se piden 20 mil pesos a ellos les descuentan 50 mil pesos, esto es más de 300 por ciento” afirmó.

Sin embargo, admitió que los deudores si hicieron uso del recurso; aunque en su posición, alegan que no firmaron contratos.

“Se presumen que hay un acto de confabulación con las dependencias” afirmó.

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